EXTRACTO
De 183 países relevados por Transparency International, Argentina ocupa el puesto Nª 100. Los proyectos de ley enviados al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo son una mera "agenda política". Los elementos que demuestran la falta de proyecto institucional son: ausencia de consenso, secreto y amiguismo.
Entonces es un proyecto "político" y no institucional.
Entonces es un proyecto "político" y no institucional.
De estos proyectos se desprende que la independencia no sería un requisito para ser juez, sino todo lo contrario: un juez debe estar para respaldar un proyecto político.
La Constitución Nacional expresa en su, Artículo 29: "El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público,... Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable[...]".
Los proyectos no nos darán una más rápida justicia. Ni será más económico. La creación de una instancia más (la Casación) hará que la resolución de las causas se demore varios años más tal como lo demuestra la Cámara de Casación Penal.
Parece que nuestro Congreso y Poder Ejecutivo legislan espasmódicamente ya que hace pocos meses dictaron la ley del Per Saltun para tratar de que los casos llegaran lo más rápido posible (y no más lento) a la Corte para tener una resolución final.
En suma, la sociedad tampoco tendrá una justicia más rápida. Y será más cara por la estructura burocrática que deberá nombrarse.
En estos últimos 30 años, la democracia trajo estabilidad en las instituciones, que no se ha reflejado totalmente en el Poder Judicial. El sistema político ha tratado de manipular de diferentes maneras al Poder Judicial: generando juicios políticos a miembros de la Corte Suprema, modificando el número de sus integrantes, creando fueros como el de la Seguridad Social para evitar sentencias adversas previsionales, etc.
Descargar el texto completo: La Justicia Argentina
